• CSIF estima que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no tiene voluntad real ni de negociar ni de alcanzar acuerdos en estos temas cruciales para el futuro inmediato de las universidades
• Dos mandatos de la LOSU como son el Estatuto del PDI y 1% del PIB para la financiación de las universidades públicas se aplazan sine die

Desde CSIF denunciamos que tras más de 2 años desde que entrara en vigor la Ley Orgánica del Sistema Universitario, el Gobierno sigue sin llevar a cabo dos de las encomiendas fundamentales de la LOSU: presentar un Estatuto del Personal Docente e Investigador y lograr el objetivo de destinar como mínimo el 1 por ciento del Producto Interior Bruto al gasto público en educación universitaria pública.

Sobre el Estatuto del PDI, el sindicato independiente critica el incumplimiento flagrante de lo que la LOSU establecía en su Disposición final décima. Estatuto del personal docente e investigador. “En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley orgánica el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley del estatuto del personal docente e investigador universitario”.

Hace ahora un año (julio de 2024 ) que no hay negociación alguna sobre el Estatuto del PDI y la última reunión prevista para marzo de 2025 se aplazó por “unos días” con la excusa de “situación de prórroga presupuestaria del Estado”. Para CSIF resulta lamentable la dejación por parte del Gobierno hacia el Personal Docente e Investigador de las universidades públicas que presenta una temporalidad media del 49% (1 de cada 2 docentes de los 106.000 del SUE tiene trabajo temporal y precario) y una estabilización muy tardía en torno a los 48 años.

Para CSIF existe un nulo compromiso para conseguir un Estatuto del PDI que debe regular y mejorar temas vitales del profesorado universitario como sus funciones y dedicación, su modelo salarial, su movilidad, su promoción interna o sus procesos de selección.

Sobre el 1% del PIB, desde CSIF criticamos la falta de voluntad para cumplir con lo  establecido en el artículo 55 de la LOSU y en su disposición adicional décima cuarta, para alcanzar el objetivo de destinar como mínimo el 1 por ciento del Producto Interior Bruto al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado, permitiendo así la equiparación progresiva a la inversión media de los Estados miembros de la Unión Europea.

El sindicato lamenta que la última reunión del grupo de trabajo sobre el 1% del PIB -en el que están el MCIU, las Comunidades Autónomas, la Crue y los sindicatos más representativos como CSIF-  fuera en diciembre de 2024 y que la prevista para febrero de 2025 se retrasó por “unos días” y con la fútil excusa de que “estamos recopilando los datos presupuestarios de todas las universidades públicas de España”. Para CSIF, la solución pasaría por alcanzar un Pacto de Estado que asegure el 1% del PIB.

Y todo esto en un escenario de asfixia económica de las universidades públicas: el informe de la OCDE señala que, el gasto por estudiante universitario en España es un 21% inferior que en la UE y, según la reciente memoria 2024 del Consejo Económico y Social, el gasto público en las enseñanzas universitarias cae en términos reales desde 2009.

Nota: a la falta de negociación hay que añadir el mutismo y la falta de respuestas de la Secretaría General de Universidades ante:

• consulta en relación al programa María Goyri sobre ¿qué pasa con la ayuda del Ministerio si un AyD  se acredita antes de los 6 años y promociona a una figura estable?
• petición de información sobre el estado del proceso de homologación de títulos extranjeros
• denuncia de que la nueva convocatoria para financiar proyectos de investigación en IA dejó fuera a todos los investigadores internacionales que se han incorporado al Sistema Universitario Español