El Gobierno se apresura a aplicar la subida salarial pendiente de 2024 tras el anuncio de movilizaciones de CSIF

• Nuestro sindicato mantiene la convocatoria  de movilización del próximo 27 de junio para reclamar un nuevo acuerdo salarial

• Los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 9,1% desde la firma del  acuerdo entre Gobierno, CC.OO. y UGT

El Gobierno ha tomado la decisión de aplicar la subida salarial de 2024, tras el anuncio de movilizaciones por parte de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización más representativa en las administraciones públicas.
CSIF en todo caso mantiene la convocatoria de concentración prevista para el próximo jueves 27 de junio frente al Ministerio de Hacienda para reclamar un nuevo acuerdo salarial, teniendo en cuenta que la medida llega con 6 meses de retraso y que, desde la firma del acuerdo salarial con CCOO y UGT, en octubre de 2022, los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 9,1 por ciento. La concentración además se produce para reclamar mejores condiciones laborales, la puesta en marcha de reformas pendientes, así como la mejora de la oferta de empleo público.
El Gobierno y ambas organizaciones de clase se han apresurado a anunciar esta subida tardía (no solo fue un mal acuerdo, sino que además lo estaban incumpliendo), tras las presiones de CSIF. Nuestro sindicato ya avisó que el Ejecutivo podía aplicar la subida por la vía del decreto como ya hizo Pedro Sánchez nada más llegar al Gobierno en su primera legislatura, igualmente tras las presiones de CSIF. Nos alegramos de que hayan entrado en razón porque es de justicia.
De cualquier manera, CSIF mantiene sus movilizaciones para:

• Un nuevo acuerdo salarial que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década, así como recuperar la estructura salarial previa a los recortes fijados en el Real Decreto-ley 8/2010 y la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.

• Acabar con la alta temporalidad en las AAPP. Para ello es necesario eliminar de inmediato la tasa de reposición, que ha sido la principal causa de que las distintas administraciones hayan abusado de la contratación temporal. 

• La modificación del TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para establecer en la normativa básica aspectos fundamentales para todos los empleados y empleadas públicas, entre otras, como la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia, la aportación a planes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial, la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales.

• Desarrollo de la ley de Función Pública para posibilitar la evaluación del desempeño, la carrera profesional para el conjunto de empleados públicos y el refuerzo de las plantillas mediante la eliminación de la tasa de reposición, tal y como manifestó recientemente el ministro de Función Pública.

• Planes de recursos humanos: adecuación de las plantillas a las necesidades reales de prestación del servicio, agilizar los procesos selectivos y eliminar la tasa de reposición para reforzar y reducir la media de edad. En los últimos 10 años la Administración Pública Estatal ha perdido alrededor de 40.000 efectivos y más de la mitad de la plantilla se jubilará en los próximos 5-10 años.

• Adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del TREBEP (actualizar funciones y retribuciones en todos los ámbitos).  

• Mejoras en las condiciones de jubilación, tanto del Régimen General como de Clases Pasivas y negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos por la penosidad en el ejercicio de su profesión.

• La equiparación de las cotizaciones en el Régimen de Clases Pasivas a las del Régimen General para los permisos de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.

• Un incremento de la financiación de MUFACE, así como del resto del mutualismo administrativo para evitar que se reduzca la calidad asistencial en la sanidad que reciben nuestros funcionarios.