Más precariedad para las ayudas postdoctorales Margarita Salas y María Zambrano
Nulo resultado de la mediación que celebrada este martes 6 de febrero de 2024 ante el SERCLA (Sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales de Andalucía)
La actitud de las universidades de Andalucía resulta decepcionante, dado el resultado de la mediación celebrada este martes 6 de febrero de 2024 ante el SERCLA
CSIF estuvo presente y ante los nulos resultados insiste en reclamar condiciones laborales dignas para las ayudas postdoctorales Margarita Salas y María Zambrano
- El sindicato pide a los rectores que se les abone la cuota patronal, los complementos por antigüedad y las subidas salariales correspondientes
- Varias sentencias de TSJ han concluido que los afectados no deben sufrir ningún tipo de recorte en su salario para pagar la cuota patronal y califican de “nula e injustificada” esta práctica
- La Inspección de Trabajo de Valencia ha considerado ilegal el descuento de una parte de las ayudas Margarita Salas y María Zambrano para sufragar la cuota patronal
Recordamos que, una vez creadas en 2021, con fondos europeos, las ayudas por el Ministerio de Universidades, cada universidad se encargó de elaborar su propia convocatoria de ayudas y de definir su relación contractual con los beneficiarios, por lo que muchas (entre ellas todas las andaluzas) contemplaron que la cuota patronal fuera deducida del importe bruto mensual que reciben los beneficiarios.
Por el contrario, otras universidades públicas (Salamanca, Cantabria, Politécnica de Madrid o Carlos III) se ciñeron a la legalidad y respetaron la cuantía prevista en la convocatoria del Ministerio de Universidades o decidieron compensar los salarios de sus investigadores mediante ayudas propias o reducir las retenciones de IRPF.
Esta bochornosa situación ha provocado reclamaciones sobre los derechos laborales de los investigadores. La Inspección de Trabajo de Valencia ha considerado ilegal el descuento de una parte de las ayudas Margarita Salas y María Zambrano para sufragar la cuota patronal. A nadie se le escapa la merma y el perjuicio económico que supone para los investigadores (llega a representar más del 30% de su salario), además de sus connotaciones negativas, ahora y en el futuro, respecto a sus cotizaciones a la Seguridad Social.
Tras un inicio vacilante en que algunas Salas de lo Social entendieron que la vía correcta hubiera sido la impugnación de las convocatorias de las universidades en vía contencioso-administrativa, dos sentencias del TSJ de Galicia respecto de las universidades de La Coruña (20/7/2023) y Vigo (22/7/2023), otra del TSJ de Castilla y León respecto de la Universidad de Valladolid (7/3/2023) y una aún más reciente del TSJ de Madrid respecto de las Universidades públicas de Madrid (18/9/2023) coinciden en señalar la incompatibilidad con el artículo 143 de la Ley General de la Seguridad Social de los términos de las respectivas convocatorias de las universidades, al cargar sobre el destinatario (el personal investigador en las ayudas María Zambrano y Margarita Salas) el coste de las cuotas patronales. Reconocen que los trabajadores tienen derecho “a cobrar íntegramente” las cantidades brutas estipuladas por el ministerio en la oferta inicial. Aclaran que los afectados no deben sufrir ningún tipo de recorte en su salario para pagar la cuota patronal y califican de “nula e injustificada” esta práctica.
La actitud de las universidades de Andalucía resulta decepcionante, dado el nulo resultado de la mediación celebrada este martes 6 de febrero de 2024 ante el SERCLA (Sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales de Andalucía), porque lo fían todo a una sentencia del Tribunal Supremo cuando resuelva los eventuales recursos de casación que se presenten. Sobre todo teniendo en cuenta que el mecanismo extrajudicial ante el Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid permitió que la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Carlos III se decidieran a mantener el salario bruto de los investigadores.
En la confianza de que esta situación no vuelva a producirse en futuras convocatorias y para acabar con el agravio comparativo y evitar perpetuar una injusta situación laboral, CSIF pide a los rectores y rectoras de las Universidades públicas de Andalucía que se les abone ya la cuota patronal, los complementos por antigüedad y las subidas salariales correspondientes.
NO SE PUEDE CONSTRUIR UN SISTEMA PÚBLICO INVESTIGADOR DE EXCELENCIA SOBRE LA BASE DE LA PRECARIEDAD LABORAL